> LA GUARDIA CIVIL TAMBIÉN TIENE DERECHO A UNA ADECUADA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – Dávila & Asociados
Dávila & Asociados | LA GUARDIA CIVIL TAMBIÉN TIENE DERECHO A UNA ADECUADA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
52011
post-template-default,single,single-post,postid-52011,single-format-standard,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.11, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Guardia Civil

LA GUARDIA CIVIL TAMBIÉN TIENE DERECHO A UNA ADECUADA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

I.-  LA INTRUCCIÓN PENAL SOBRE LOS LUCTUOSOS HECHOS OCURRIDOS EN BARBATE EN EL MES DE FEBRERO

A raíz del trágico suceso que tuvo lugar el día 9 de febrero en el puerto de Barbate, en el que fallecieron dos agentes de la Guardia Civil cuando fueron embestidos por una narcolancha que se resguardaba , junto a otras del temporal dentro del puerto, continúa la instrucción judicial para esclarecer los hechos, tanto los relativos a las condiciones del operativo de la Guardia Civil que intervino como los del brutal ataque sufrido por los mismos.

Como aparece reflejado en las noticias publicadas en los últimos días, la autoridad judicial ha abierto diligencias como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal, relativo a la protección de la seguridad e higiene en el trabajo en el ámbito penal, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan derivar de la comisión de estos hechos. 

La investigación judicial debe permitir por tanto, en un caso de esta gravedad, esclarecer las condiciones en las que se desarrolló el operativo policial, tanto desde el punto de vista de los medios materiales de los que disponían los agentes, comenzando por su propia embarcación (bastante más pequeña que una narcolancha de unos 14 metros y cuatro motores fueraborda), o qué otros medios de protección tenían a su disposición estos trabajadores, posibilidad de pedir auxilio de forma rápida y eficaz, además de condiciones laborales relativas a la jornada de trabajo de los agentes implicados.

En esta línea, el propio Código Penal dispone en su artículo 318 que en caso de que los hechos previstos en estos artículos se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. 

II.- LA PERSPECTIVA DE LOS HECHOS DESDE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PRL) Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACION SOBRE PRL A LA GUARDIA CIVIL

Teniendo en cuenta estos hechos, y dada la lógica alarma social causada por esta tragedia, resulta importante  analizar jurídicamente las peculiaridades que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales existen en la Administración Pública, y en particular en una institución como la Guardia Civil, teniendo en cuenta  la particularidad  de alguna o incluso muchas  de las funciones que realiza, y teniendo presente la naturaleza militar que , a tales funcionarios públicos,  atribuye el ordenamiento jurídico.

Desde la visión constitucional es relevante  referir que la Constitución Española, en su artículo 40, incluye, entre los principios rectores de la política social y económica, el mandato dirigido a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Por otro lado a nivel de la Comunidad Europea (CE),  la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco en adelante), vino a establecer determinados requisitos mínimos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en toda la Unión Europea. En su artículo 2, incluye en su ámbito de aplicación a todos los sectores de actividades, públicas o privadas, excepto, cuando se opongan a ello de manera concluyente, las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o determinadas actividades operativas en los servicios de protección civil. No obstante, también declara que, en estos casos, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas,  en la medida de lo posible, habida cuenta de los objetivos que esta norma comunitaria persigue. Vemos, por tanto, como primera aproximación, que desde el punto de vista subjetivo, no existe excepción en la aplicación de la norma, debiendo tener presente la legislación  nacional las particularidades inherentes a determinadas actividades, pero sin que esta exclusión afecte a este colectivo profesional al que ahora nos referimos.

Esta Directiva Marco fue acogida por el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), que a la vez da cumplimiento y desarrolla lo previsto en el artículo 40.2 de la Constitución Española antes citado. 

El ámbito de aplicación de la LPRL se extiende más allá de las relaciones reguladas en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 3.1 de la LPRL), dando cumplimiento así a la vocación universal en su aplicación , ya vista en la Directiva Marco a la que antes nos referíamos, y sobre la que además se ha pronunciado el TJUE declarando expresamente que el ámbito de aplicación de la Directiva Marco debe entenderse ampliamente, por lo que las restricciones o limitaciones a dicho ámbito deben interpretarse restrictivamente.

De esta forma, se indica expresamente que tanto la propia LPRL como su normativa de desarrollo se aplicarán a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, recogiendo expresamente que esto se hará “con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.”

Al igual que la Directiva Marco, la LPRL excluye de las medidas que regula (art. 3.2), aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

  • Policía, seguridad y resguardo aduanero.
  • Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
  • Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

La exclusión, debe reiterarse, se refiere no a colectivos de trabajadores, sino a determinados cometidos especiales de actividades concretas, donde la protección de la colectividad no puede ceder ante las normas de la Directiva. Incluso, en estos casos en  que nos encontramos ante una situación excepcional de esta índole, el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva Marco exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible.

No obstante, sigue diciendo la propia LPRL, que inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. El artículo 3.3 dispone que en los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la LPRL, con las particularidades previstas en su normativa específica.

III.- NORMATIVA ESPECIFICA DE LA GUARDIA CIVIL EN MATERIA DE PRL

Esta normativa específica, en el ámbito de la Guardia Civil, la constituye el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Posteriormente se dictó la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que en el Título V relativo a los derechos profesionales de la Guardia Civil reconoce expresamente (artículo 31) el derecho de los miembros de la Guardia Civil “a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.”

Se indica expresamente en dicho artículo que “La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención.”

Por tanto, de lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que tanto la LPRL como su normativa de desarrollo tienen una vocación de universalidad e integración, lo que supone, también en el ámbito que nos ocupa, considerar la prevención como una actuación única, indiferenciada y coordinada que debe llegar a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurídico que fija su relación de servicio, y se traduce en una planificación de la actividad preventiva integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la citada Administración.

Entrando en el análisis de la regulación específica antes mencionada, esta normativa permite identificar las actividades encomendadas a esta institución,  cuyas particularidades se opongan de manera concluyente tanto a la aplicación del régimen general sobre prevención de riesgos laborales como a su adaptación para la Administración General del Estado, y diseñar para ellas un conjunto de normas singulares que, inspiradas en la LPRL, permitan mejorar en la medida de lo posible la seguridad y la salud de los miembros de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

Tales normas.  como se ha indicado, han de tener presente la naturaleza militar que a tales funcionarios públicos atribuye el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, este estatuto personal no obsta para que el desempeño de las funciones policiales atribuidas al Cuerpo de la Guardia Civil por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se efectúe de forma en él, de conformidad con la Directiva Marco que quede garantizada la protección de la seguridad y de la salud de quienes prestan servicios. En aquellos otros supuestos donde se desarrolla una actividad no diferenciada de otros funcionarios públicos, se aplicará la normativa general de seguridad y salud en el trabajo. A esta diferenciación se refiere el artículo 2 del Real Decreto 179/2005.

Esta diferenciación repercute en la labor de inspección y control sobre el cumplimiento de esta normativa, de tal forma que cuando se desarrollan actividades de policía, seguridad o resguardo aduanero, la competencia será de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (artículo 15 del Real Decreto 179/2005), y cuando sean cuestiones no directamente relacionadas con dichas actividades específicas, será competente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El contenido de esta Real Decreto aparece inspirado por los principios recogidos en el artículo 1, que son los de planificación de la prevención, eliminación o disminución de los factores de riesgo, información y formación, participación y consulta, e integración de la prevención.

Sin entrar en detalle sobre los aspectos relativos a los instrumentos esenciales para la integración, gestión y aplicación de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Guardia Civil, a través de un plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, sí es preciso destacar (artículo 4.2), conforme al cual,  la evaluación de riesgos ha de tener en cuenta la naturaleza de la actividad que se desarrolle, las características de los servicios en cuanto a la posibilidad de establecer medidas de prevención de riesgos laborales, debiendo ser actualizada periódicamente o cuando cambien las condiciones de dichas actividades y será revisada, si fuera necesaria, con ocasión de los daños para la seguridad y salud que se han producido.

Aparte del principio de información sobre los riesgos de la función que realiza y de las medidas adoptadas para la prevención de riesgos, la formación suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto inicial como continua, es fundamental y clave en relación con los sucesos a los que hacíamos referencia al principio de este artículo, la regulación de las obligaciones de la Administración establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 179/2005.

Dispone dicho precepto que los órganos administrativos comprendidos en el ámbito de aplicación del real decreto adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos. Del mismo modo, deberán proporcionar al personal incluido en el ámbito de aplicación de la norma equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de éstos cuando, por la naturaleza de las misiones desempeñadas, sean necesarios.

Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, para lo cual se les asignarán los medios necesarios para poner en práctica estas medidas.

Siempre que sea posible, en supuestos de riesgo grave e inminente, el personal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención. En relación con estas situaciones de riesgo grave e inminente, el ya citado artículo 15 establece que si en la realización de las inspecciones y controles a las que se refiere dicho precepto, se detectara la existencia de este riesgo para la seguridad y la salud, que no deban ser asumidas en virtud de la naturaleza de las funciones que se realizan, se comunicará urgentemente a la subdirección general competente para adoptar las medidas necesarias para su corrección. De las demás deficiencias observadas se elevará informe a la subdirección general competente, por conducto del Servicio de Prevención, con las recomendaciones que estimen convenientes para su solución.

Por último mencionar que la configuración de la Guardia Civil como un instituto armado de naturaleza militar ha determinado que la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (artículo 1.3), de acuerdo con el artículo 28.1 de la Constitución Española, excluya a sus miembros del ejercicio del derecho de sindicación, por lo que su participación en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, configurada por la ley como un principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, habrá de realizarse por otros conductos distintos a las organizaciones sindicales más representativas. Es en este aspecto donde también adquiere gran importancia la creación del Consejo de la Guardia Civil, cuya regulación se contiene en el Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, entre cuyas funciones se encuentra la de tener conocimiento y ser oído previamente en cuestiones relativas a la determinación de las condiciones de trabajo o conocer las estadísticas trimestrales sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo.

IV.- CONCLUSIÓN

La instrucción penal que se está llevando a cabo por el Juzgado de Instrucción de Barbate , a través del proceso de investigación de los hechos ocurridos en dicha localidad gaditana, sin duda permitirá aclarar hasta que punto el Ministerio de Interior y la Dirección General de la Guardia Civil, han cumplido correctamente o no la normativa analizada y hasta que punto pudieran haber incurrido en infracción de dicha normativa y eventualmente las posibles responsabilidades que desde el punto penal hayan podido producirse, como pudiera ser la existencia de un delito contra la seguridad de los trabajadores, previsto en los artículos 316  318 del Código Penal, que castiga a los que con infracción de las normas de PRL y estando obligados a ello legalmente, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, estableciendo además que cuando estos hechos se atribuyan a personas jurídicas se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello.

Los hechos en lo que afectan a los funcionarios públicos que fallecieron o resultaron lesionados en acto de servicio como el que nos ocupa tienen también una respuesta legal en materia de aplicación del principio de indemnidad aplicable a los servidores públicos e incluso a la aplicación de recargos en las pensiones por falta de medidas de seguridad cuya aplicabilidad dejamos para un próximo artículo.

Rafael Dávila Galvin (Inspector de Trabajo en Excedencia)

Ramón Dávila Guerrero (Abogado)